La Asamblea
Transmaricabollo de Sol participa anualmente en la convocatoria
internacional del Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans
desde el año 2011, convocado anualmente en Octubre por la campaña
internacional Stop Trans Pathologization (STP).
Este octubre, la
Asamblea Transmaricabollo sigue haciendo suyas las reivindicaciones de la STP
que, a día de hoy, incluyen:
- la retirada de la
propuesta de inclusión de una categoría de
Incongruencia de género
en la infancia del CIE-11 (la Clasificación
Internacional de
Enfermedades y Otros Problemas de Salud, 11ª revisión, de la
Organización Mundial de
la Salud).
- la retirada de
las categorías diagnósticas de ‘Disforia de Género’ /
‘Trastornos de la
Identidad de Género’ y ‘Trastorno Transvestista’ /
‘Transvestismo
Fetichista’ de
los manuales diagnósticos DSM y CIE.
- la cobertura
pública de la atención sanitaria trans-específica, así como la sustitución
del actual modelo de evaluación por un enfoque centrado en la autonomía, la
decisión informada y el acompañamiento.
-el respeto por las
expresiones e identidades de género fluidas y no binarias, así como una
provisión de apoyo a niñ*s con expresiones de género nonormativas en
situaciones de discriminación y transfobia.
- la retirada de los
requisitos médicos de las leyes de identidad de género existentes, así como
la aprobación de leyes de reconocimiento de género nuevas basadas en una perspectiva
de despatologización y derechos humanos.
Dada la precariedad
general que nos embarga a nivel de derechos fundamentales, y no digamos en lo
que a AUTONOMÍA TRANS se refiere, la aprobación de la ley de identidad
de género en Andalucía nos parece un insólito avance. Al menos sobre el
papel. Entre otras cosas, garantiza el reconocimiento de la identidad de género
sin recurrir a diagnósticos patologizantes, exige a los centros
educativos el respeto absoluto a la expresión de género de sus alumnxs.
Sin embargo, la
Asamblea Transmaricabollo de Sol hace suya la preocupación de las activistas
Trans que temen que los avances reconocidos
en esta ley puedan quedar en papel mojado. En todos los frentes pero,
especialmente, por cómo se puedan concretar unos “protocolos médicos” que
podrían llegar a seguir impidiendo la autonomía REAL a la hora de acceder a los
tratamientos que a cada unx QUIERA o REQUIERA en su personal e intransferible
tránsito por las fronteras del género.
Mientras
tanto, en la Comunidad de Madrid, la presidenta presenta un borrador de ley
autonómica, sin consultar para su elaboración a los colectivos implicados, y
que ya estos, así como otros grupos parlamentarios, han calificado de
inaceptable.
Las leyes que nos
conciernen tienen que ser mucho más que una utópica hoja de ruta que no
transforme efectivamente las vidas de las personas trans, para dejar de
sumar la inadmisible tutela médica y otras violencias institucionales a la
violencia cotidiana que ya enfrentamos en las calles cada día las disidentes
del binarismo de género.
Por todo, exigimos la derogación
inmediata de la patologizante Ley de Identidad de Género de 2007, apostamos por una ley
estatal que aprenda de las limitaciones de la andaluza, y seguiremos en las
calles hasta lograr una efectiva AUTONOMÍA TRANS que atraviese todas las vallas
de las fronteras no sólo autonómicas, sino también transnacionales y transcontinentales.
ASAMBLEA TRANSMARICABOLLO DE SOL
Pero el asesinato de Diana, además de un crimen de odio, ha sido un
crimen político. Desde el mismo momento en que asumió su identidad travesti,
Diana fue objeto de la violencia social e institucional, y de detenciones, hostigamiento y persecuciones por parte
de la policía. En agosto, Diana había denunciado a la Policía Metropolitana por golpearla y detenerla sin motivos,
luego de que ella se defendiera de una agresión verbal en la vía pública. En
2013, denunció un episodio similar con efectivos de la Gendarmería y la Policía
Bonaerense como protagonistas de golpes, maltrato y abandono de persona.
Además, Diana participó activamente en la redacción de la Ley de Cupos,
aprobada recientemente en la provincia de Buenos Aires, por la que las administraciones públicas de dicha provincia están obligadas a contar con un 1%
de personas trans entre sus empleadxs, y que ha significado un duro golpe a las
tradiciones heterocentristas y machistas de estas instituciones
heteropatriarcales.
